La nueva Ley General de Aguas, junto con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, busca recuperar el control sobre el recurso hídrico, poner fin a la compraventa de concesiones y garantizar que el acceso al agua sea un derecho humano, no un negocio.
La ley prohíbe completamente la compraventa de concesiones entre privados, la transferencia de títulos sin control del Estado y la especulación con volúmenes no utilizados
Esto responde a casos documentados donde concesiones originales terminaron fragmentadas y revendidas decenas de veces, generando ganancias millonarias. En Zacatecas, por ejemplo, 7 títulos terminaron convertidos en 50, dejando utilidades superiores a 54 millones de pesos para un solo particular.
Con la reforma, Conagua recupera los títulos no utilizados y hace que solo la autoridad puede reasignar el agua con el objetivo de frenar la privatización silenciosa del agua.
La ley amplía facultades para combatir actividades ilegales como la perforación de pozos clandestinos, venta ilegal de agua en pipas, sobreexplotación de acuíferos y el incumplimiento en el pago de derechos. Conagua podrá ahora clausurar, sancionar y revocar concesiones ante cualquier irregularidad.
Por primera vez, la ley reconoce a sistemas comunitarios de agua y a ejidos y pueblos indígenas como actores legítimos de la gestión hídrica, con derechos y mecanismos de participación formal en la toma de decisiones.
Con la entrada en vigor de la ley, los gobiernos estatales deben armonizar sus leyes en un plazo máximo de 180 días, garantizando el agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales e impulsando la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en zonas donde sea viable.
La Ley de Aguas crea un nuevo marco para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, a administración sustentable del recurso y la rectoría plena del Estado sobre concesiones y distribución.
Estas reformas representan el giro más profundo en la política del agua desde 1992, cuando las concesiones se convirtieron en mercancía intercambiable entre particulares. Con ello, se busca evitar la explotación indiscriminada del agua y poner orden en un sistema que durante años permitió la acumulación de concesiones y su venta sin control.
Leave a Reply