La Cámara de Diputados avaló, con mayoría calificada, el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitió avanzar con cambios constitucionales enfocados en la austeridad y la reducción de gastos del sistema político-electoral.
El dictamen contó con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, mientras que PAN y PRI votaron en contra al advertir posibles afectaciones a la autonomía de los órganos electorales.
Durante el debate, los grupos opositores insistieron en que la reforma no fue una prioridad ciudadana y calificaron el Plan B como un ajuste insuficiente frente a los desafíos nacionales.
¿De qué trata la reforma?
El Plan B fue presentado como una alternativa luego de que la propuesta original de reforma constitucional no alcanzara los consensos necesarios. Esta nueva versión contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reducir estructuras administrativas y aplicar criterios de austeridad.
Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Límite en el número de regidores en los ayuntamientos, con un máximo de 15 por municipio
- Tope al presupuesto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal
- Restricción salarial a funcionarios electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal
El bloque mayoritario sostuvo que la reforma busca eliminar privilegios, racionalizar el gasto público y redirigir recursos hacia programas sociales, infraestructura y desarrollo regional. Desde la tribuna se defendió que los cambios no afectan la democracia, sino que fortalecen la eficiencia del aparato público.
Los legisladores oficialistas afirmaron que el Plan B responde a una demanda social de contención del gasto y reducción de excesos en los distintos niveles de gobierno.
La oposición expresó preocupación por el impacto limitado del ahorro que generará la reforma y advirtió que los cambios podrían afectar la representatividad municipal y el equilibrio institucional. Además, señalaron que la iniciativa no aborda otros temas sensibles del sistema electoral, como la injerencia del crimen organizado en los procesos democráticos.
Tras su aprobación en el Congreso, el Plan B será turnado a los congresos estatales, donde deberá ser avalado por al menos 17 de las 32 legislaturas locales para entrar en vigor y ser publicado oficialmente.
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