El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la DEA, presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra Ruben Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios actuales y anteriores de ese estado, acusándolos de colusión con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia suelo estadounidense a cambio de favores políticos y sobornos.
La acusación de la corte federal de Nueva York indica que los implicados conspiraron con líderes del cártel para importar grandes cantidades de narcóticos, incluidas metanfetaminas, cocaína y fentanilo, asegurando rutas seguras y protección institucional, a cambio de apoyo político, pagos millonarios y favores.
El texto del dictamen enumera a los diez acusados: además del gobernador Rocha Moya, figuran un senador y mandos policiales, señalados por delitos que van desde conspiración de tráfico de drogas, posesión de armas y desaparición forzada, hasta secuestro y violencia institucional.
El jefe de la DEA, Terrance C. Cole, calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización terrorista” que utiliza la corrupción para impulsar la violencia y sus ganancias, mientras que el fiscal Jay Clayton señaló que la operación criminal se sostiene por el respaldo de “políticos y autoridades corruptas”.
La acusación incluye además alegatos de que el gobernador Rocha Moya recibió apoyo de la facción “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante las elecciones de 2021, a través de intimidación electoral, secuestro de personal y robo de urnas, como contraprestación por dejar operar al grupo criminal con impunidad.
Tras la difusión de la acusación, Rocha Moya rechazó los señalamientos como un “ataque político” y aseguró que tomará acciones legales para demostrar que “carecen de fundamento”. Por su parte, la Cancillería de México indicó que recibió las solicitudes de extradición, pero afirmó que aún no existen elementos probatorios suficientes para proceder con detenciones en territorio nacional.
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