La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una Ley General que busca convertir la investigación del feminicidio en una prioridad obligatoria para todas las fiscalías del país.
La iniciativa, respaldada por la Fiscalía General de la República, plantea transformar la manera en que se investigan estos crímenes mediante un modelo unificado, con perspectiva de género y con obligaciones claras para las autoridades de los 32 estados.
La propuesta surge tras años de reclamos por parte de organizaciones, víctimas y especialistas, quienes han denunciado fallas estructurales en la clasificación, investigación y sanción de los feminicidios.
Aunque el país reportó un promedio de dos casos diarios en 2025, la cifra real podría ser mayor debido a la subclasificación de muertes violentas, especialmente aquellas que se registran como suicidios u homicidios sin líneas de investigación de género.
¿Qué propone la nueva ley?
La nueva ley establece que toda muerte violenta de mujer deberá investigarse desde el primer momento como feminicidio, evitando así errores que favorezcan la impunidad.
Bajo esta propuesta, el feminicidio tendría un tipo penal único en los 32 estados, con sanciones que podrían alcanzar entre 40 y 70 años de prisión, multas económicas y la eliminación de beneficios legales que históricamente han favorecido a los agresores.
El proyecto incorpora nueve razones de género que permitirán identificar de manera más precisa cuándo un caso debe investigarse como feminicidio. Entre ellas figuran la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, lesiones degradantes, amenazas, relaciones sentimentales previas, incomunicación o signos de dominación basados en desigualdad de poder.
Además, la iniciativa incluye 21 agravantes para endurecer las penas, como si la víctima es menor de edad, adulta mayor, está embarazada, tiene una discapacidad, o si el crimen fue cometido por un servidor público o frente a familiares.
La fiscal general Ernestina Godoy detalló que la propuesta contempla más de 50 artículos orientados a fortalecer las investigaciones a través de fiscalías especializadas, turnos continuos, coordinación interinstitucional y medidas integrales de atención a víctimas directas e indirectas.
De aprobarse, la Ley General representaría un cambio profundo en el combate a la violencia feminicida en México. Más allá de las sanciones, la iniciativa pretende cerrar brechas en acceso a justicia, reducir la impunidad y asegurar que ninguna muerte violenta de mujer sea minimizada.
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