La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó un proceso judicial contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien busca imputar el delito de peculado por el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados en 2012 al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad. Este nuevo señalamiento podría frenar su posible liberación anticipada, programada para abril de 2026, tras haber cumplido la mayor parte de su sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la FGR, los recursos desviados habrían sido utilizados para fines distintos a los estipulados, lo que configuraría el delito de peculado, sancionado con hasta 14 años de prisión, dependiendo del monto y circunstancias del desvío.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción intenta judicializar una nueva carpeta de investigación que profundiza en el manejo irregular de recursos estatales durante el sexenio de Duarte (2010–2016).
La audiencia en la que la FGR pretende formular la imputación ha sido suspendida tres veces, debido principalmente a la ausencia de los abogados de Duarte. En la última ocasión, la defensa alegó que ambos se encontraban hospitalizados, lo que derivó en un nuevo aplazamiento.
El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor calificó estos retrasos como tácticas dilatorias y advirtió que, si en la siguiente fecha no se presenta la defensa privada, se asignará un defensor público para continuar con la audiencia. La nueva audiencia quedó fijada para el este 12 de febrero de 2026, momento en que la Fiscalía intentará formalizar la imputación.
Duarte busca obtener su libertad anticipada bajo el argumento de haber cumplido más del 95 por ciento de su condena en prisión y mantener un comportamiento adecuado durante su reclusión. Sin embargo, en noviembre pasado, una jueza federal rechazó su solicitud al considerar que no cumplió con todos los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, incluyendo la acreditación de actividades educativas y de reinserción.
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