La Fiscalía General de la República (FGR) imputó este jueves 12 de febrero, al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos federales destinados a programas de apoyo a personas en situación vulnerable. La acusación derivó en la imposición de prisión preventiva justificada, lo que mantiene al exmandatario en reclusión y complica su posible salida de prisión prevista para abril de este año.
La imputación se presentó durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde el Ministerio Público federal expuso que los hechos ocurrieron en 2012, cuando Duarte encabezaba el gobierno de Veracruz. De acuerdo con la FGR, los recursos desviados pertenecían a fondos federales etiquetados para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, los cuales habrían sido utilizados para fines distintos a los autorizados.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 38 datos de prueba, entre los que se incluyen documentos oficiales, decretos emitidos durante la administración de Javier Duarte y declaraciones de testigos colaboradores.
¿De qué se le acusa a Javier Duarte?
Según la acusación, Javier Duarte habría autorizado la mezcla de recursos federales y estatales, para posteriormente dispersarlos en diversas cuentas bancarias con el objetivo de dificultar su rastreo, un esquema identificado por las autoridades como “la licuadora”.
Con base en estos elementos, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo procesal y que la gravedad del delito amerita mantenerlo privado de la libertad mientras se define su situación jurídica.
Durante su intervención ante el juez, Javier Duarte rechazó las acusaciones, calificó los señalamientos como infundados y aseguró que no existen pruebas directas que lo vinculen con el desvío de recursos. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si es vinculado formalmente a proceso por el delito de peculado.
El exgobernador estaba próximo a concluir en abril de 2026 la sentencia de nueve años de prisión que cumple por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los cuales fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México. De ser vinculado y eventualmente condenado, el exmandatario podría enfrentar hasta 14 años adicionales de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación federal.
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