Cuautlancingo logró el reconocimiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al confirmar que no existen montos por aclarar, observaciones ni acciones correctivas en la revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2024.
De acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, la ASF determinó que del universo de recursos revisados no se emitieron recomendaciones ni acciones correctivas, confirmando que el gobierno municipal ejerció el presupuesto conforme a la ley, bajo criterios de eficiencia, legalidad y transparencia.
Este tipo de dictámenes no es común, ya que en la mayoría de municipios del país la ASF suele emitir observaciones o solicitudes de aclaración. En el caso de Cuautlancingo, la revisión confirmó un manejo pulcro, ordenado y plenamente comprobado.
El resultado de la auditoría también coloca a Cuautlancingo como un municipio con finanzas sanas, fortalecido institucionalmente y con un ejercicio del gasto público alineado a la normatividad federal, por lo que la ASF validó que todas las inversiones, programas y acciones revisadas fueron ejecutadas correctamente, sin anomalías ni desviaciones.
¿Qué dijo el presidente municipal de Cuautlancingo?
El presidente municipal, Omar Muñoz, destacó que este resultado es evidencia del compromiso de su gobierno con la rendición de cuentas y la correcta aplicación del presupuesto. El edil señaló que:
“En Cuautlancingo gobernamos con responsabilidad, orden y transparencia. Cada peso que recibimos se ejerce con honestidad y en beneficio directo de las familias. No tener observaciones es una muestra clara de que estamos haciendo bien las cosas”.
Muñoz subrayó que este logro refuerza la credibilidad del municipio ante la ciudadanía y los organismos fiscalizadores, y aseguró que su administración seguirá priorizando obras, servicios y acciones orientadas al bienestar social.
La validación de la ASF permite al municipio operar con mayor libertad y claridad en la ejecución de recursos, pues al no existir auditorías pendientes ni observaciones, pueden garantizarse continuidad en programas sociales y de infraestructura, acceso sin trabas a recursos federales futuros, mayor agilidad en la planeación estratégica del gasto y confianza reforzada entre ciudadanía e instituciones.
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